El presente informe tiene por objeto efectuar un análisis, a la luz de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, del proyecto de ley que propone una modificación del sistema de determinación de sanciones en relación a los adolescentes mayores de 16 años de edad . Del análisis del mismo, se puede indicar que la modificación propuesta se aleja de las directrices señaladas para los sistemas de justicia juvenil basados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en particular, porque en el caso de los adolescentes mayores de 16 años, se estaría reduciendo el abanico de sanciones aplicables y se establecería una diferencia que no existe actualmente, lo que, en todo caso, parece regresivo y podría implicar una discriminación arbitraria en contra del tramo superior de la edad de responsabilidad penal adolescente (personas de 16 y 17 años).

La presente moción parlamentaria, que viene en modificar el artículo 21 de la Ley N° 20.084 (o LRPA: Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes)

El proyecto de ley en informe se sitúa en un contexto mundial orientado a establecer mecanismos efectivos de prevención y protección frente a situaciones de tortura, en lugares donde se pudieran encontrar personas privadas de su libertad, reservados a la vigilancia del Estado o con su consentimiento expreso o tácito.
El antecedente que gatilla este esfuerzo es la aprobación del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. El Protocolo consagra un sistema de visitas a recintos de privación de libertad, de carácter preventivo e internacional, a cargo del Subcomité para la Prevención contra la Tortura. A su vez, establece para los Estados involucrados la obligación de designar Mecanismos Nacionales de Prevención para la Tortura (MNPT) que actúan en la esfera nacional, resguardando de manera más inmediata y directa los bienes jurídicos involucrados. El objetivo que persigue el proyecto de ley es cumplir con la obligación planteada en el Protocolo Facultativo, en lo relativo a establecer en nuestro país un organismo que cumpla los roles de MNPT.
Dentro de tal ámbito, el proyecto toma una decisión orgánica en el sentido de establecer el MNPT dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), siguiendo el camino que han tomado varios de los países que han pasado por este proceso. Esta decisión, considerando la estructura y características actuales del INDH y los lineamientos que han dado diversos organismos internacionales, nos parece del todo correcta y, por lo tanto, manifestamos la existencia de una concordancia entre los objetivos que establece el Protocolo y las metas que se propone el proyecto de ley.
Sin perjuicio de lo anterior, el informe plantea algunas observaciones de carácter menor al articulado del proyecto de ley en análisis.

Mediante el presente informe, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo autónomo del Estado, creado por la Ley N° 20.405 del año 2009, cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en Chile, pone a disposición del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas información relevante sobre el avance y las materias pendientes sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura en el país, con la finalidad de que estos antecedentes, referidos al período 2009-2018, sean considerados en el 64° período de sesiones en que se examinará el sexto informe periódico de Chile.

El proyecto de ley que modifica la tipificación del delito de tortura (Boletín N° 9589-17) eleva su penalidad y establece expresamente su imprescriptibilidad, pretende principalmente adecuar la normativa nacional a las exigencias internacionales en lo relativo a las principales obligaciones sobre la regulación de la tortura suscritas por el Estado de Chile. Para llevar a cabo lo anterior, promueve establecer una nueva tipificación del delito de tortura y nuevas disposiciones que refuerzan su tratamiento, en donde destaca la prohibición de amnistía y de prescripción como formas de extinción de la responsabilidad penal respecto de estos ilícitos y el aumento de la penalidad asociada a los mismos.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado de la República, habiendo sido aprobado de forma casi unánime en primer trámite en la Cámara. El presente informe se hace cargo del proyecto de acuerdo al texto aprobado por la Cámara de Diputados, haciendo una exposición de los antecedentes del proyecto, los estándares internacionales en derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario, para luego analizar el mérito del mismo a la luz de los estándares aludidos.

El proyecto de ley que modifica la tipificación del delito de tortura (Boletín N° 9589-17) eleva su penalidad y establece expresamente su imprescriptibilidad, pretende principalmente adecuar la normativa nacional a las exigencias internacionales en lo relativo a las principales obligaciones sobre la regulación de la tortura suscritas por el Estado de Chile. Para llevar a cabo lo anterior, promueve establecer una nueva tipificación del delito de tortura y nuevas disposiciones que refuerzan su tratamiento, en donde destaca la prohibición de amnistía y de prescripción como formas de extinción de la responsabilidad penal respecto de estos ilícitos y el aumento de la penalidad asociada a los mismos.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado de la República, habiendo sido aprobado de forma casi unánime en primer trámite en la Cámara. El presente informe se hace cargo del proyecto de acuerdo al texto aprobado por la Cámara de Diputados, haciendo una exposición de los antecedentes del proyecto, los estándares internacionales en derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario, para luego analizar el mérito del mismo a la luz de los estándares aludidos.

Los presentes documentos fueron utilizados en el Estudio Exploratorio en Centros de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado, CIP-CRC 2017, incluido en el capítulo de "Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes" del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2017.